Reforma Política.

Aprobada en el Senado de la República a finales de abril del 2011, la Reforma Política tiene como objetivo beneficiar a los ciudadanos y no a los políticos, a partir de la apertura del régimen a la participación ciudadana en las tomas de decisiones de la nación.

Con esta reforma se vuelven una realidad: las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular, para que la ciudadanía tenga más canales de participación en el sistema político mexicano. Además, permite la reelección de legisladores para que los electores evalúen la labor de sus representantes y así fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas; e instituye nuevos mecanismos de cooperación entre los Poderes de la Unión con el objetivo de darle más funcionalidad y eficacia a nuestras instituciones (ver más)

Diagnóstico

Si bien el sistema electoral y de partidos y el presidencialismo, tuvieron diversas transformaciones desde antes de la reforma de 1977, ésta tuvo –entre otras consecuencias- el fortalecimiento de la representación plural en el Congreso. Dado lo anterior, en 1997, por primera vez en la historia legislativa moderna y con el arbitraje de una autoridad electoral autónoma del gobierno, la oposición en su conjunto logró el control de más del 52% de las diputaciones, y se iniciaba la era de los gobiernos divididos; donde la mayoría legislativa no correspondía al partido en el gobierno.
Esta conformación del poder público en un gobierno dividido, contribuyó a profundizar la parálisis en las decisiones y acciones de gobierno que hemos vivido desde el 2000, con la alternancia en el poder, y ha subrayado la necesidad de reformas en el régimen político que restauren la funcionalidad del sistema presidencial, en concordancia con la nueva pluralidad política y la necesidad de que el país tome un nuevo rumbo.
La transformación de la cultura política también está en la raíz de la necesidad de una reforma política, pues en el ámbito de lo cotidiano, la creciente pluralidad de la sociedad y la dinámica de cambio en la comunidad internacional, dieron lugar a la emergencia de nuevos valores de participación, responsabilidad y exigencia que llevaron al cuestionamiento de la operación del sistema político.
Los elecciones de 2006 confirmaron que el presidencialismo mexicano pasaba por una crisis institucional que -frente al riesgo de una crisis de gobernabilidad- era preciso atender a través del cambio en el régimen de gobierno. Se trata de reestablecer la funcionalidad del régimen presidencial, a partir de nuevos mecanismos que permitan la colaboración institucional entre los poderes públicos y guarden los equilibrios y controles que garanticen la rendición de cuentas y la transparencia. Un reto fundamental es incorporar la pluralidad política en la gobernabilidad del país y lograr eficacia en la toma de decisiones y en la acción pública, bajo un esquema de gobierno compartido.
Antecedentes.
En el marco de la reforma del Estado, propusimos una reforma que moderniza el presidencialismo, y tiene el propósito de dar funcionalidad a la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
• De todo ello, se logró aprobar el cambio del formato del Informe presidencial, la libertad del titular del Ejecutivo de salir del país hasta por ocho días sin autorización del Congreso, y la eliminación del veto de bolsillo. (Eliminé lo que decía después porque ya fue aprobada en Diputados y sólo está pendiente de promulgación)
• En un segundo momento, en marzo de 2009, propusimos un conjunto de reformas políticas y económicas, que denominamos las “ocho erres”: ratificación del gabinete; reducción del Congreso; reelección legislativa y municipal; reorganización del Gobierno Federal; referéndum en reformas constitucionales; revocación de mandato; rendición de cuentas; y regulación económica con órganos autónomos.
• En un tercer momento, en 2010, hicimos una adecuación de las ocho erres, las volvimos más explícitas e incluimos algunos elementos nuevos, para generar una reforma política más amplia; tocando aspectos como la consulta popular, la revisión del fuero constitucional, el mejoramiento del trabajo legislativo en comisiones, la autonomía del Ministerio Público, la identificación de los ciudadanos a cargo de un órgano público autónomo, la suplencia del titular del Ejecutivo en caso de ausencia permanente, la prohibición de partidas presupuestales secretas y mayores facultades a la Auditoría Superior de la federación, dotar a la CNDH de atribuciones de investigación de violaciones a los derechos humanos, y la redefinición del estado de emergencia, entre otras.

Significado

La reforma política aprobada en el Senado de la República moderniza el régimen presidencial, bajo el principio de integrar la representación de la pluralidad y lograr eficacia en las decisiones públicas, así como abrir el espacio a la participación ciudadana, a través de mecanismos propios de la democracia directa, como la consulta popular.
Respetando la autonomía del Ejecutivo, esta reforma busca construir un esquema de gobierno compartido; y por ello se insiste en elementos que propicien la colaboración entre los poderes públicos.