Reformas en Seguridad y Justicia.

El fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y al sistema deimpartición de justicia es la base para la consolidación del Estado de derecho y la capacidad para hacer frente a la delincuencia común y al organizado.

Dentro de los múltiples cambios destacan: el establecimiento de un sistema acusatorio que refuerza los derechos de las víctimas y del imputado; la introducción demecanismos alternos de solución de controversias y juicios orales; la redefinición del concepto constitucional de flagrancia y de delincuencia organizada; la creación de la figura de los jueces de control;  la definición de los requisitos y alcances de órdenes de cateo; la reducción de requisitos para declarar el arraigo de los presuntos delincuentes; y la aprobación en el Senado de la Ley de extinción de dominio, laLey de Seguridad nacional, la Reforma en materia de Amparo, la Reforma en materia de Lavado de Dinero y la Reforma sobre Robo de Hidrocarburos.

Diagnóstico

La seguridad pública – esto es, que las personas puedan vivir y transitar por todo el territorio nacional en paz, sin sufrir percances en su persona o en sus bienes a manos de la delincuencia común u organizada- es uno de los propósitos centrales del Estado. En México, desde hace un par de lustros, la inseguridad va en aumento, mientras las instituciones encargadas de la protección de las personas, la contención y el combate del delito, la investigación de los actos delictivos, la impartición de justicia y, finalmente, la reinserción social de los delincuentes, se ven rebasadas por la realidad cotidiana.

El reforzamiento de las instituciones de seguridad pública y del sistema de impartición de justicia, están en la base de la consolidación del Estado de derecho y la capacidad para hacer frente a la proliferación de las actividades de la delincuencia común y del crimen transnacional organizado. Avanzar en esta doble vía, parece ser la mejor opción para que el Estado refuerce su control sobre el uso legítimo de la violencia, erradique la impunidad y revierta el alto costo social y económico que representa el crimen organizado.

Es por ello que, a partir de las demandas y propuestas formuladas por distintos actores sociales, políticos y económicos en el marco de los foros de discusión de la Reforma del Estado, hicimos una síntesis consensada para realizar modificaciones constitucionales que facilitaran a la autoridad el combate a la delincuencia. Además, se propuso ajustar y modernizar los parámetros de la impartición de justicia, de forma en que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones de justicia.

Elementos

Con el fin de atender el requerimiento del Ejecutivo Federal de disponer de mejores instrumentos jurídicos para combatir la delincuencia organizada, y derivado de las discusiones en el marco de la Reforma del Estado, reformamos los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de nuestra Constitución Política, incorporando las siguientes adecuaciones, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008:

• Un estándar de pruebas para librar una orden de aprehensión.
  • Redefinimos el concepto constitucional de flagrancia, el concepto constitucional de delincuencia organizada y las excepciones en su tratamiento procesal.
  • Redujimos los requisitos para declarar el arraigo de los presuntos delincuentes.
  • Precisamos los requisitos y alcances de las órdenes de cateo.
  • Establecimos los requisitos para grabar comunicaciones entre particulares.
  • Creamos la figura y facultades de los jueces de control.
  • Señalamos los mecanismos alternativos de solución de controversias, como los juicios orales, y sentamos las bases para una defensoría pública de oficio.
  • Modernizamos el lenguaje del derecho penal:
    • Ahora los reos son sentenciados, la readaptación por reinserción, y el término de auto de prisión hoy se conoce como vinculación a proceso.
    • Autorizamos la existencia de los centros especiales de reclusión preventiva y ejecución de sentencias.
    • Precisa los requisitos para el auto de vinculación a proceso; y se establecen las bases jurídicas para el sistema procesal acusatorio.
    • Respecto a lo anterior, puede identificarse la aprobación de las siguientes regulaciones para el combate a la delincuencia organziada:
      • Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y Ley de Extinción de Dominio, así como la nueva Ley Orgánica de la PGR. (Aún queda por dictaminar la Ley General en Materia de Secuestro).
• Aprobamos nuevas leyes para la defensa de los grupos más vulnerables, como son la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• La reforma al sistema de impartición de justicia, dio lugar a una modificación sustantiva como es el establecimiento de un sistema acusatorio que refuerza los derechos tanto de las víctimas como del imputado, con el principio de presunción de inocencia para éste. Por un lado, se introdujeron mecanismos alternativos de solución de controversias y juicios orales que permitirán elevar la calidad y rapidez en la impartición de justicia; y, por otro lado, se estableció un régimen especial que regirá los procesos penales que involucren a la delincuencia organizada.
• La reforma a la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en el Senado, reforzará el combate al crimen organizado, al establecer un mecanismo que regula el despliegue de las fuerzas armadas a partir de un procedimiento para declarar una afectación a la seguridad interior, y garantizar la vigencia de los derechos humanos y las garantías individuales, así como asegurar la coordinación entre las fuerzas federales y las autoridades civiles, bajo el mando de una entidad responsable, y fijar las directrices de operación y temporalidad para que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública.

Resultado

Hoy, la autoridad cuenta con más mecanismos para perseguir los delitos, con normas más precisas y ajustadas a los derechos humanos; y reformas que fortalecen y simplifican la impartición de justicia. Todo esto, en beneficio de la sociedad. La aprobación de estos cambios legales y la dotación de los recursos presupuestales correspondientes, hacen aún más razonable la exigencia de la ciudadanía de que el gobierno federal presente resultados concretos y verificables en el combate a la delincuencia organizada.

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República sigue trabajando para garantizar la vigencia de la ley y una mayor seguridad de las personas y sus bienes; y para proteger la integridad de las personas, especialmente de los grupos menos favorecidos, mujeres, niños, adolescentes y personas de la tercera edad.